El encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre Independiente y Universidad de Chile, disputado en el estadio Libertadores de América, fue cancelado tras una escalada de violencia sin precedentes entre las hinchadas.

Desde antes del inicio del partido, los hinchas chilenos ubicados en la tribuna Pavoni alta comenzaron a arrojar proyectiles —desde monedas y butacas hasta un inodoro y una bomba de estruendo— hacia los aficionados de Independiente en la bandeja inferior, desprotegidos y sin intervención de la seguridad.

La tensión, que incluyó el robo de una bandera local, escaló durante el primer tiempo, mientras el partido se mantenía 1-1 (2-1 a favor de la U en el global). La falta de acción policial y de seguridad privada permitió que la situación se descontrolara, marcando una de las noches más oscuras del fútbol sudamericano reciente.

El segundo tiempo apenas duró dos minutos antes de que el árbitro Gustavo Tejera suspendiera el encuentro debido a los disturbios. La voz del estadio exigió el desalojo de los hinchas de la U, pero la respuesta fue insuficiente. Hinchas de Independiente, enfurecidos, irrumpieron en la tribuna visitante, atacando a los pocos seguidores chilenos que quedaban.

Las imágenes muestran una cacería brutal: algunos visitantes fueron linchados, y uno cayó desde una altura, resultando en heridas graves. La policía, con más de 650 efectivos, no intervino oportunamente en las tribunas y solo actuó con represión tardía, deteniendo a más de 350 chilenos en las afueras y en Puerto Madero. Los heridos, al menos diez, fueron trasladados al Hospital Fiorito, con reportes extraoficiales de casos críticos, aunque sin detalles oficiales al cierre.

La Conmebol, tras intentar sin éxito reanudar el partido, lo canceló definitivamente por la falta de garantías de seguridad, derivando el caso a sus órganos judiciales en Luque, Paraguay.

Según trascendidos, ambos clubes enfrentan duras sanciones, que podrían incluir la descalificación de la Copa Sudamericana 2025 y una suspensión de un año para competiciones internacionales, dejando a Alianza Lima a la espera de un rival. La tragedia, que dejó al menos diez heridos graves y más de 300 detenciones, expuso fallos organizativos graves y reavivó el debate sobre la seguridad en el fútbol sudamericano.

El presidente chileno Gabriel Boric condenó la violencia y señaló la “evidente irresponsabilidad” en la organización, exigiendo justicia y atención para los afectados.