El abogado Julio Razona confirmó su incorporación a un nuevo espacio internacional denominado “Abogados por la Libertad”, una organización que reúne representantes de distintos países de América con el objetivo de coordinar acciones judiciales y compartir estrategias legales, especialmente en relación con las medidas adoptadas durante la pandemia.

Según explicó, su designación surgió a partir de una iniciativa originada en Costa Rica, país que, según destacó, logró que su Corte Suprema ordenara revelar los contratos firmados entre el Estado y las farmacéuticas.

En contraposición, advirtió que en la Argentina esos acuerdos permanecen bajo secreto absoluto y cuestionó la falta de transparencia sobre las condiciones y los costos de las vacunas adquiridas durante la emergencia sanitaria.

En ese contexto, Razona señaló que ya aportó al movimiento internacional distintas presentaciones judiciales elaboradas en el país, entre ellas una acción de inconstitucionalidad contra la ley de vacunación obligatoria.

El planteo fue presentado directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, amparado en las disposiciones procesales que habilitan ese tipo de recurso ante el máximo tribunal.

El abogado solicitó que se elimine el carácter obligatorio de la vacunación y que se establezca como una decisión voluntaria, argumentando que la normativa vigente vulnera derechos fundamentales al no contemplar objeciones de conciencia ni evaluaciones médicas individuales previas.

En su presentación, sostuvo que la legislación actual resulta incompatible con los principios del estado de derecho y la dignidad humana.

Razona también anticipó que espera definiciones judiciales en otra causa que tramita ante la Cámara Federal, donde sostiene que las personas vacunadas contra el COVID fueron perjudicadas por la falta de información completa sobre los medicamentos aplicados y la ausencia de consentimiento informado adecuado.

En paralelo, el abogado se refirió al contexto laboral argentino y manifestó su respaldo a una reforma que modifique el régimen vigente, al considerar que el sistema actual desalienta la actividad empresarial. No obstante, aclaró que los trabajadores deben ser compensados cuando pierden su empleo, aunque cuestionó lo que definió como un uso abusivo de los litigios laborales.

Finalmente, Razona advirtió sobre una crisis estructural en el sistema judicial y planteó la necesidad de una revisión profunda de su funcionamiento. En ese marco, sostuvo que el nuevo espacio internacional buscará coordinar acciones legales entre países y fortalecer la cooperación entre abogados que impulsan este tipo de iniciativas en el continente.