En Santa Clara del Mar continúa creciendo la polémica en torno a la organización de grandes eventos públicos y la presunta concentración de decisiones operativas en torno al delegado municipal Fabián “Fabi” Jacquet, en un debate que ya no se limita a lo organizativo sino que suma cuestionamientos políticos, administrativos y ahora también laborales.

A las versiones previas sobre centralización en la contratación de artistas, pantallas, sonido, iluminación, seguridad y manejo de puestos comerciales, se añadieron señalamientos que apuntan a un supuesto esquema laboral irregular dentro de la estructura vinculada a estos eventos. Según testimonios que circulan en el ámbito local, parte del personal temporario estaría trabajando en negro o en condiciones informales, mientras que otros empleados se encontrarían registrados, lo que configuraría una situación mixta sin controles visibles.

Las mismas voces sostienen que la mayoría de los trabajadores eventuales no estarían formalizados y que, pese a ello, no existirían inspecciones frecuentes del Ministerio de Trabajo, lo que alimenta sospechas sobre un sistema “aceitado” que operaría sin fiscalización efectiva. Se trata de acusaciones sensibles que, de confirmarse, implicarían posibles irregularidades laborales y administrativas en el marco de actividades públicas de gran escala.

El trasfondo político del tema se vincula además al entramado de poder local. Jacquet aparece como una figura con fuerte centralidad territorial dentro del oficialismo del Partido de Mar Chiquita y con proyección dentro del Partido Justicialista local, lo que refuerza los interrogantes sobre los mecanismos de control institucional y la rendición de cuentas en la organización de eventos como la Fiesta de la Cerveza.

A su vez, el funcionario es señalado por su vínculo societario con el complejo termal Aquasol, emprendimiento en el que también participan el ex intendente y actual senador bonaerense Jorge Paredi y Gustavo Rivadavia, lo que reaviva el debate sobre la separación entre funciones públicas e intereses privados en la estructura política del distrito.

En ese contexto, la falta de respuestas oficiales frente a las versiones sobre contratación, administración de recursos, condiciones informales y supuesta ausencia de controles laborales profundiza el clima de dudas.

La discusión, que en apariencia gira en torno a la organización de una fiesta popular, termina abriendo un debate mayor sobre transparencia, control estatal, rendición de cuentas y posibles conflictos de interés en la gestión local, en un distrito donde la concentración de decisiones políticas y económicas vuelve a quedar bajo la lupa pública.