Una nueva denuncia volvió a poner en el centro de la escena la contaminación en el Puerto de Mar del Plata y el rol del Juzgado Federal número 1, a cargo del juez Santiago Inchausti, en una causa que lleva años bajo investigación. El planteo apunta contra las harineras Coomapes y Agustiner, señaladas por operar sin controles reales sobre sus chimeneas y procesos industriales.

Según la acusación, el expediente ya contenía documentación oficial del entonces Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, donde se informaba al Juzgado Federal sobre resoluciones dictadas en 2016. En esas actuaciones se intimaba a las firmas a ejecutar tareas de adecuación ambiental, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 24.051 de residuos peligrosos.

El punto más grave aparece con una declaración testimonial del 23 de agosto de 2022, atribuida al técnico de MINAMB Agustín Lorenzo. De acuerdo con la denuncia, el funcionario habría reconocido ante el propio magistrado que en la práctica nunca existieron, operaron ni se transmitieron datos de supuestos controles online en tiempo real sobre las chimeneas de las harineras.

Para los denunciantes, esa declaración deja al descubierto que la fiscalización ambiental se habría sostenido sobre un mecanismo inexistente. También cuestionan que ese testimonio no haya tenido el peso procesal esperado, pese a involucrar un tema sensible para la salud pública de los vecinos que viven y trabajan cerca del Puerto.

El reclamo apunta directamente contra Inchausti y plantea una pregunta incómoda sobre el manejo de la causa. “¿A cambio de qué?”, expresaron los denunciantes, al sostener que el juzgado sabía que los controles online eran, según su versión, “una absoluta mentira”.

La controversia vuelve a encender las alarmas sobre el funcionamiento de las plantas harineras en una zona históricamente marcada por reclamos vecinales, olores, emisiones y pedidos de control ambiental. En ese contexto, la discusión ya no pasa solo por las empresas, sino también por el accionar judicial y estatal frente a posibles riesgos para la salud pública.