A menos de tres semanas del pago del aguinaldo, varios intendentes bonaerenses comenzaron a sacar cuentas finas para llegar al 30 de junio sin que estallen las finanzas municipales. La combinación entre caída de la coparticipación, desplome de la recaudación local y ausencia de fondos nacionales dejó a numerosos distritos contra las cuerdas.

La motosierra de Javier Milei también se siente en los municipios, donde los jefes comunales deben sostener servicios básicos, salarios, asistencia social y funcionamiento cotidiano con recursos cada vez más ajustados. El impacto no distingue demasiado entre signos políticos, aunque golpea con más fuerza en comunas con menor espalda financiera.

En distritos como Azul, Coronel Rosales, Mar del Plata, Guaminí, Saavedra y Tapalqué, la crisis ya derivó en medidas concretas para intentar ordenar las cuentas. Emergencias económicas, recortes salariales, congelamiento de sueldos, suspensión de beneficios y ajustes internos aparecen entre las herramientas aplicadas para evitar un deterioro mayor.

El pago del medio aguinaldo se transformó en una prueba de fuego para las gestiones locales. En muchos municipios, la prioridad pasa por garantizar los haberes sin profundizar el rojo financiero, en un contexto donde los ingresos caen y las demandas sociales crecen por el deterioro económico general.

Otros intendentes también reconocen dificultades. En Tandil, Miguel Lunghi advirtió que los gobiernos locales están “al borde del colapso”, aunque aseguró que su administración podrá afrontar el pago del aguinaldo. Su frase sintetiza el clima que atraviesa buena parte del interior bonaerense.

En medio del panorama crítico, algunos jefes comunales intentan llevar tranquilidad. En Bragado, Sergio Barenghi anunció que el aguinaldo se pagará de manera anticipada el 11 de junio, mientras que en Colón, Waldemar Giordano garantizó que el municipio cumplirá “con mucho esfuerzo”.

La postal deja expuesta una tensión que crece mes a mes. Mientras la Casa Rosada muestra el ajuste como una bandera política, los municipios quedan obligados a administrar las consecuencias concretas de un modelo que recorta fondos, enfría la economía y empuja a las gestiones locales a resolver con menos recursos problemas cada vez más urgentes.