En el marco de la causa PP-06-00-056058-23/00, el fiscal Álvaro Garganta ordenó esta semana una serie de allanamientos vinculados al escándalo de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA).

Según Realpolitik, los procedimientos incluyeron la sede central de CECAITRA y el domicilio de su presidente, Bernardino Antonio García, en busca de documentación y equipos relacionados con la facturación de multas a través de cinemómetros sin la debida certificación.

Según la acusación, los 155 dispositivos utilizados carecían del “certificado de conformidad” exigido por la normativa, lo que podría haber invalidado miles de infracciones y generado un perjuicio económico al Estado y a los vecinos multados.

El supuesto fraude fue detectado durante una auditoría interna realizada en 2023, que puso en evidencia irregularidades en los controles técnicos de los equipos y en la trazabilidad de las actas de infracción. La causa investiga si existió connivencia entre funcionarios de diferentes municipios y directivos de CECAITRA para diseñar un esquema de negocios que benefició a la empresa a costa de la seguridad vial y de la transparencia administrativa. Informó Realpolitik.

Sobre la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional La Plata, no existen registros de que sus instalaciones hayan sido allanadas en esta investigación. No obstante, en años anteriores la facultad platense suscribió convenios con CECAITRA para el desarrollo e implementación de sistemas de fotomultas en varios municipios de la provincia.

Por lo que señaló Realpolitik, aquellos acuerdos generaron cuestionamientos de organizaciones vecinales y de algunos bloques legislativos, que ponían en duda la legalidad de los contratos y la interferencia de la Casa de Altos Estudios en un negocio con fuertes beneficios económicos.

Fuentes judiciales señalaron que seguirán profundizándose peritajes sobre la homologación de los equipos y el flujo de fondos, y que podrían citarse a declarar a ex funcionarios municipales involucrados en la firma de convenios con CECAITRA. De comprobarse el fraude, los acusados enfrentarán cargos por defraudación y asociación ilícita, con posibles penas de prisión y suspensión de habilitaciones comerciales.