La Secretaría Disciplinaria y Técnica de la Procuración General de la Nación respondió oficialmente un planteo realizado por Roberto Víctor Maturana en el marco de la causa FMP 23899/2018, el expediente federal que investiga presuntas irregularidades ambientales, contaminación industrial y posibles riesgos sanitarios vinculados a plantas harineras del puerto de Mar del Plata.

En la notificación enviada bajo el expediente CUDAP OFIC-MPF 640/2026, el organismo informó que el pedido para que el fiscal Daniel Adler se haga cargo de la tramitación de la causa deberá canalizarse directamente “en el ámbito jurisdiccional”, utilizando las herramientas procesales correspondientes.

La respuesta oficial llega después de que Maturana, junto a los abogados Julio Mario Razona y María Carpineto, ampliara la denuncia presentada ante el Juzgado Federal número 1 de Mar del Plata. Allí apuntaron contra empresas harineras, organismos de control y autoridades ambientales por un presunto esquema de “impunidad sistémica” relacionado con contaminación industrial y falta de controles.

Entre las firmas mencionadas aparecen COOMARPES LTDA. y Agustiner S.A., además del Consorcio Portuario y organismos ambientales provinciales. La presentación judicial sostiene que existirían omisiones en controles sobre emisiones tóxicas, mantenimiento industrial y riesgos operativos dentro de la zona portuaria.

Uno de los puntos más delicados de la denuncia menciona un incendio y explosión ocurridos en 2018 en instalaciones vinculadas al sector harinero. Según el escrito, el episodio habría requerido intervención de Bomberos de Prefectura Naval, aunque nunca habría sido informado formalmente dentro del expediente judicial.

La ampliación también incorpora estudios toxicológicos realizados al denunciante, donde presuntamente se detectaron niveles elevados de cadmio y zinc en sangre mediante técnicas de absorción atómica y horno de grafito. Según el planteo judicial, esos elementos estarían vinculados a emanaciones industriales y corrosión de estructuras fabriles cercanas al puerto.

Además, se cuestiona que las plantas continúen operando sin sistemas RTO para el tratamiento de gases industriales, situación que, según la denuncia, habría permitido durante años la liberación de contaminantes sobre sectores residenciales próximos a la actividad portuaria.

Ahora, tras la respuesta de la Procuración, el foco vuelve a quedar puesto sobre el avance judicial del expediente y la posibilidad de que se formalicen nuevos planteos procesales vinculados a la conducción de la causa federal.