La causa judicial por presunta contaminación ambiental en el Puerto de Mar del Plata volvió a tomar impulso con nuevas medidas ordenadas por el Juzgado Federal número 1, en el marco del expediente histórico que investiga a empresas del sector pesquero. La investigación, que se tramita desde hace más de 20 años, apunta a determinar el impacto de las fábricas de harina de pescado sobre el ambiente y la salud de la población.

En los últimos días, el juez federal dispuso ampliar las diligencias a partir de denuncias recientes, en las que se advierte sobre posibles vertidos de efluentes líquidos y emisiones gaseosas contaminantes generadas por las plantas industriales ubicadas en el puerto. Entre las firmas señaladas aparecen Coomarpes y Agustiner S.A., dos actores clave de la actividad.

Uno de los ejes centrales de la investigación pasa por determinar cómo y dónde se descargan los residuos industriales. Un informe de Prefectura Naval identificó múltiples puntos de vuelco hacia el espejo de agua del puerto, incluyendo desagües pluviales, plantas de tratamiento y conductos industriales que descargan directa o indirectamente en la zona portuaria.

A esto se suma otro frente sensible: las emisiones al aire. La Justicia ya formalizó un legajo específico para investigar la posible contaminación atmosférica, vinculada a olores, gases y compuestos químicos liberados durante los procesos industriales. Según consta en la causa, se analiza si estas emisiones podrían afectar la salud de los vecinos desde al menos 2009.

En paralelo, la querella aportó documentación técnica en la que se advierte sobre el uso de sustancias químicas como ozono, ácido sulfhídrico, hidróxido de sodio e hipoclorito, utilizadas en el tratamiento de efluentes y gases. También se cuestiona la falta de sistemas adecuados para neutralizar compuestos peligrosos y la ausencia de controles actualizados en materia ambiental.

Otro punto crítico es el funcionamiento de las plantas: se detectaron operaciones continuas durante la madrugada y toda la semana, además de dificultades para precisar los picos de actividad en algunas empresas, lo que refuerza la necesidad de controles más estrictos.

La investigación también avanzó sobre el plano patrimonial, con pedidos de informes sobre bienes, vehículos y situación fiscal de las empresas involucradas, en busca de determinar responsabilidades económicas y eventuales sanciones.

Mientras tanto, desde la querella insisten en que la problemática no es nueva y denuncian una “falla estructural” en el control ambiental, señalando que la actividad industrial continúa pese a presuntas irregularidades y sin cumplir completamente con la normativa vigente.

Con nuevas pericias en marcha y organismos técnicos involucrados, la causa vuelve a posicionarse como uno de los expedientes ambientales más sensibles de Mar del Plata. El foco ahora está puesto en determinar si hubo daño ambiental, quiénes son los responsables y qué medidas se deberán tomar para frenar un problema que, según denuncian, lleva años sin resolverse.