La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento del exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por lavado de activos agravado por su condición de funcionario público y ratificó el embargo millonario dispuesto en la causa.

La resolución, firmada el 2 de marzo de 2026 por la Sala I del tribunal, rechazó los recursos de apelación presentados por las defensas de D’Onofrio y de Facundo Asensio, y dejó firme el fallo del Juzgado Federal de Campana.

La investigación gira en torno a la compra de una camioneta Audi Q8, que fue inscripta en octubre de 2023 a nombre de Asensio por 30 millones de pesos, aunque luego fue asegurada por 173,8 millones, una diferencia que llamó la atención de los investigadores.

Según el expediente, Asensio otorgó una cédula azul a favor de D’Onofrio, quien posteriormente gestionó el Telepase del vehículo utilizando su correo personal y pagó el servicio con su tarjeta de débito.

Para los jueces, las explicaciones presentadas por los imputados no lograron disipar las sospechas. El tribunal señaló que las contradicciones detectadas surgen de una valoración lógica y concordante de las pruebas reunidas.

Otro elemento clave fue el valor real del vehículo. El comprador posterior declaró que el Audi estaba publicado en 100 millones de pesos y que finalmente lo adquirió por 77,3 millones, lo que para la Cámara refuerza la hipótesis de que el valor declarado inicialmente fue muy inferior al de mercado.

La defensa también cuestionó la falta de un delito precedente probado para configurar el lavado de activos. Sin embargo, el tribunal recordó que no es necesario acreditar una condena previa, sino la existencia genérica de una actividad delictiva.

En ese marco, los jueces mencionaron que D’Onofrio ya se encuentra imputado en una causa provincial que investiga presuntas maniobras de malversación de fondos públicos durante su gestión.

Además de confirmar el procesamiento, la Cámara dejó firme el embargo patrimonial, al considerar que el monto resulta razonable frente a las penas económicas previstas para el delito de lavado.

Con esta decisión, el expediente continúa su avance judicial mientras siguen abiertas otras investigaciones vinculadas al exfuncionario.