El matrimonio integrado por Horacio Anello y Miriam Viviana Roldán quedó en el centro de cuestionamientos vinculados a su trayectoria en la función pública, su nivel de vida y su presencia sostenida dentro del entramado institucional bonaerense.

Anello se desempeñó como Director Provincial de Fiscalización del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, mientras que Roldán ejerce como jueza del Juzgado Provincial de Faltas con asiento en Merlo, con intervención en el juzgamiento de infracciones de tránsito a nivel provincial.

Ambos supieron construir vínculos políticos en Malvinas Argentinas durante la gestión del exintendente Jesús Cariglino, etapa en la que consolidaron posicionamiento dentro de estructuras administrativas que luego derivaron en funciones dentro del ámbito provincial.

En el Barrio Santa María de los Olivos, donde poseen propiedades, vecinos comenzaron a expresar inquietudes respecto del nivel de vida que exhibe el matrimonio, mencionando viajes frecuentes al exterior, principalmente a destinos europeos, y un estándar económico que, según plantean residentes de la zona, despierta interrogantes en relación con ingresos propios del sector público.

El nombre de la jueza Miriam Roldán aparece mencionado en actuaciones judiciales en el marco de la causa “Quattrocchi, Mario y otros s/ Fraude en perjuicio de la administración pública”, que tramita en el Ministerio Público bonaerense, donde se deja constancia de su intervención funcional dentro del sistema de juzgamiento de infracciones provinciales.

Por su parte, Anello también fue vinculado en distintas oportunidades a decisiones administrativas consideradas controvertidas durante su paso por la estructura estatal, lo que contribuyó a consolidar su perfil dentro del ámbito político y administrativo.

Propiedades de alto valor, viajes al exterior y su inserción dentro de circuitos institucionales configuran un escenario que genera preguntas en ámbitos políticos, judiciales y sociales, donde se vuelve a instalar el debate sobre los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios públicos.