El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntos delitos vinculados a la concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y sectores del Parque Municipal de los Deportes. En el escrito solicita analizar posibles hechos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La presentación apunta a la adjudicación aprobada en 2025 a favor de Minella Stadium SA, sociedad integrada por el grupo brasileño Revee y la firma argentina Pro Enter. Según expone la denuncia, la empresa fue la única oferente en la licitación y se comprometió a realizar inversiones millonarias para la puesta en valor de los predios deportivos.

Entre los puntos cuestionados, Pettigiani sostiene que, transcurridos varios meses desde la adjudicación, no existirían avances significativos en las obras comprometidas y tampoco se habrían difundido públicamente detalles del proyecto ejecutivo ni del contrato definitivo. Además, remarca que distintos pedidos de informes impulsados desde el Concejo Deliberante no habrían obtenido respuesta.

Otro de los ejes centrales de la denuncia está relacionado con la situación de la firma brasileña Revee y su vínculo con el grupo REAG. El fiscal menciona publicaciones periodísticas que señalan investigaciones desarrolladas en Brasil sobre presuntas maniobras financieras y plantea que debe determinarse si el Municipio verificó adecuadamente la solvencia económica de la empresa y el origen de los fondos comprometidos para ejecutar el proyecto.

En su presentación también solicita medidas de prueba, entre ellas requerir documentación completa sobre la concesión, tomar declaración a concejales que votaron en contra de la adjudicación y solicitar información a autoridades brasileñas sobre las empresas mencionadas en la denuncia.

Finalmente, Pettigiani pidió la apertura de una investigación para determinar si existieron irregularidades en el proceso y establecer eventuales responsabilidades de funcionarios públicos y representantes privados involucrados en la operación.