“Prácticamente todos aquellos que conforman aquel listado de 70 personas (resta establecer con mayor precisión sobre algunos casos puntuales) se encontraban dentro de algunos de los grupos que componen la población prioritaria, ya sea porque eran personal de salud, porque fueron considerados estratégicos o porque -como sucedió en la mayoría de los casos- eran mayores de 60 años”, señala el fallo de Capuchetti.

Dentro de esas 65 personas, que según la jueza no cometieron delito, se encuentran el propio Alberto Fernández, el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia, Juan Pablo Biondi, y el subsecretario Marcelo Martín; el canciller Felipe Solá; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el embajador en Brasil; Daniel Scioli y el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, entre otros.

Según Capuchetti, “en el ordenamiento jurídico nacional (Código Penal y leyes especiales) no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto de esta investigación”.

Es por esto que la magistrada decidió “archivar parcialmente” la causa en lo que refiere a la vacunación de estas 65 personas. Y continuar la investigación de las otras cinco que no se encontraban dentro de alguno de los grupos prioritarios, entre ellas las hijas del ex presidente Duhalde, María Eva y Juliana Duhalde. Se formará así un nuevo legajo de investigación para este grupo de personas.