El malestar por la situación de tierras sin regularizar en la provincia de Buenos Aires empieza a escalar en distintos distritos y ya se traduce en advertencias concretas de movilización. Desde sectores vinculados al territorio aseguran que familias enteras fueron inducidas a ocupar terrenos bajo promesas que nunca se cumplieron, lo que derivó en una crisis social que, lejos de resolverse, se profundiza con el paso del tiempo.

Según plantean, el eje del conflicto radica en la falta de títulos de propiedad y la existencia de documentación irregular, lo que dejó a miles de personas en una situación de incertidumbre legal. A esto se suma la acusación de que las respuestas del Estado provincial han sido insuficientes o directamente inexistentes, lo que alimenta la sensación de abandono en los barrios afectados.

En ese marco, las críticas apuntan directamente al gobernador Axel Kicillof y al Ministerio Público Fiscal bonaerense, encabezado por Julio Conte Grand. Desde los sectores movilizados sostienen que no hubo avances concretos para regularizar las tierras ni para canalizar las denuncias, lo que incrementa la tensión.

Además, se advierte una creciente distancia entre las bases sociales y las dirigencias, con cuestionamientos hacia referentes que, según denuncian, no estarían representando el reclamo real de quienes atraviesan la problemática en el territorio. En ese contexto, crece la idea de organizar acciones directas para exigir respuestas.

Entre las medidas que se analizan figura la posibilidad de manifestaciones frente a fiscalías, juzgados y dependencias judiciales en distintos municipios, así como concentraciones en la Corte bonaerense. El objetivo, aseguran, es visibilizar una situación que consideran límite y forzar una intervención concreta de las autoridades.