En la primera sesión del Honorable Concejo Deliberante de Morón se vivieron momentos de tensión, teñidos por la interna que el próximo domingo definirá la presidencia del PJ local, cuyos contrincantes son los representantes de los ex aliados Martín Sabbatella y el propio intendente Lucas Hernán Ghi, hoy enfrentados entre sí.

La novedad de la sesión estuvo vinculada a la persecución política que se estaría gestando contra el concejal villarruelista y presidente del bloque Todo por Argentina, Ariel Alejandro Aguilera, quien advirtió que entre la lista de asuntos entrados se encontraba el expediente 88507, suscripto por el concejal Pablo Ezequiel Tozzi, en el que solicitó la creación de una Comisión Especial Investigadora con el objeto de examinar y evaluar las actuaciones del edil Aguilera, llegando incluso a pedir su remoción.

La situación demuestra que las tensiones políticas entre el Presidente de la Nación y la Vicepresidenta, de a poco, comienzan a trasladarse a otros ámbitos, como ocurre en este Concejo Deliberante del conurbano bonaerense.

Al pedir la palabra, el concejal Aguilera fue contundente sobre la formación de dicho expediente, que, según sostuvo, seguramente cuenta con el apoyo del parejismo para ponerle obstáculos a quienes decidieron optar por la vicepresidenta Victoria Villarruel como la opción del verdadero cambio, algo que por el momento el presidente Javier Milei y su equipo no le han dado a los argentinos. Esas rupturas resultan imperdonables para el verticalismo despiadado que, según expresó, manejan Karina Milei y su mano derecha Sebastián Pareja.

En su alocución dijo el concejal Aguilera: “Este expediente es un mamarracho. Es cualquier cosa. Es una clara demostración de la ignorancia absoluta por parte del presentante respecto de la legislación provincial y de nuestro propio reglamento interno”.

“Es tan básico e improvisado el accionar de este denunciante serial que ni siquiera conoce la letra del artículo 51 del reglamento interno de este Concejo”.

Hizo clara alusión a que para conformar una Comisión Especial Investigadora no se puede presentar un proyecto de resolución fijando de manera personal y arbitraria los pasos procesales a seguir para su constitución, la cantidad de integrantes y el sistema de votación para generar una sanción o incluso la expulsión de un concejal, toda vez que el mencionado artículo remite necesariamente a la Ley Orgánica de las Municipalidades en sus artículos 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 y 256.

En Morón es de público conocimiento que ambos ediles mantienen denuncias cruzadas y que la motivación de Tozzi para impulsar esta iniciativa responde más a una “cuestión personal” que a una política.

Lo cierto es que, más allá del proyecto presentado por Tozzi, la Ley Orgánica de las Municipalidades, en su artículo 249, establece con claridad que cualquier decisión de destituir a un concejal, además de cumplir con los pasos procesales, plazos y derecho de defensa correspondientes, debe surgir de una decisión debidamente fundada con el voto de las dos terceras partes del total de los miembros del Concejo Deliberante y no como propone el concejal de LLA, “por mayoría simple de los concejales presentes”.

La presentación de LLA contra el concejal Aguilera (suscripta únicamente por Tozzi) tiene, según se planteó, una clara motivación de carácter personal.

En clara alusión al autor del proyecto, Aguilera se despachó sin nombrarlo: “A contramano del destituyente, yo voy siempre de frente y digo lo que tengo que decir ante quien sea. No soy perrito faldero de nadie, no me revuelco en el verticalismo ni en el oportunismo. Yo no transo ni mis valores, ni mis ideas, ni mis convicciones. No actúo en las sombras buscando generar daños, no me involucro en el chusmerío barato ni en las operaciones berretas, y de esto pueden dar fe varios concejales del oficialismo con los que mantengo diálogo. Yo no actúo a traición, mi palabra es contrato y cuando digo algo lo cumplo de buena fe. No rompo formaciones políticas para luego volver contra quienes tanto critiqué. No tengo doble cara, no soy traidor. Mis decisiones son el reflejo de un estudio detallado de las circunstancias y las posibilidades y, a partir de ello, tomo acción. No soy un improvisado y, si bien no tengo antecedentes políticos anteriores a mi ingreso a este Concejo Deliberante en 2023, sé perfectamente cuáles son las reglas de juego”. “Los moronenses esperan de este Concejo soluciones concretas a sus problemáticas, ideas claras y proyectos que las hagan posibles; a la gente no le interesan las internas políticas”.

El segundo ataque contra el concejal Aguilera fue el ingreso del expediente 88918, presentado el 6/3/2026 por la “Asociación Seré por la Memoria y la Vida”, cuya presidenta es casualmente la madre de Hernán Sabbatella, secretario de Legal y Técnica del municipio, quien fue licenciado por las graves denuncias que pesan en su contra por violencia de género dentro de la propia comuna y por una imputación aún más grave que tramita en el Departamento Judicial de San Isidro.

En su momento Aguilera tomó la bandera de la defensa de las denunciantes en las causas por violencia de género contra Hernán Sabbatella, impulsando un expediente de pedido de informes sobre todos los pormenores de esos procesos, la decisión de licenciarlo en lugar de removerlo del cargo y, entre otros puntos, los motivos del mantenimiento del pago de haberes mientras mantiene una licencia indefinida concedida por el intendente Lucas Ghi, quien siempre reconoció ser su amigo.

Tanto Ghi como Sabbatella compartían la visión de disputar el liderazgo político de Morón a Martín Sabbatella (mentor y ex socio político del primero y hermano del segundo, con quien no mantiene contacto), historia que ha dejado numerosas publicaciones a lo largo del gobierno municipal, hoy alineado con Axel Kicillof.

La “Asociación Seré por la Memoria y la Vida” pidió directamente en su presentación la expulsión del concejal Aguilera por considerar, sin argumentos ni pruebas válidas, que el mismo reivindicaría la dictadura militar de 1976.

Se trataría, según el edil, de una operación política de gran magnitud que huele a persecución por el hecho de que Aguilera es el único representante del villarruelismo en Morón, movimiento que viene creciendo entre los desilusionados de La Libertad Avanza, su dirigencia, los escándalos de corrupción, las operaciones desmedidas y las expresiones que, según planteó, podrían dar lugar a posibles delitos de calumnias e injurias contra la vicepresidenta.

Al referirse al ingreso de ese expediente para su derivación a comisiones, Aguilera sostuvo: “De mi boca jamás salió una sola palabra vinculada a la reivindicación de ninguna dictadura. Muéstrenme la sesión. No existe. Es más, cuando se presentaron acá personas que venían a tratar un expediente por el avance de juicios contra militares que habrían participado durante los años 70, que tramitan en los tribunales del Departamento Judicial de San Martín, afirmé con claridad que es la justicia quien debe decidir las responsabilidades que pudieran haber tenido cada una de las personas imputadas y, si se demostraba su culpabilidad, que cumplieran la condena”.

“Jamás publiqué algo que hiciera alusión con nombre y apellido a alguno de los integrantes de la dictadura. Jamás reivindiqué la muerte de un solo argentino, máxime cuando soy un claro defensor del derecho a la vida, y así lo ratifico frente a cada delito que se cobra la vida de un vecino en nuestro distrito, cuestionando las políticas de seguridad y luchando por la interpelación del sr. intendente en esa área que tiene tantas sombras”.

“Por eso, siempre que exista un enfrentamiento armado entre las fuerzas del orden constitucionalmente establecidas y los delincuentes, preferiré la supervivencia de quienes defienden a los ciudadanos”.

“Ni en mis redes ni en mis discursos van a encontrar publicaciones con alusiones a nombres o acciones de personas que hayan participado de alguna dictadura en la Argentina. Sin embargo, fíjense la doble moral de quienes iniciaron el expediente: no se pronuncian cuando Martín Sabbatella publica en sus redes el natalicio de Hugo Chávez. Eso sí que es una clara reivindicación del comunismo hambreador, expropiador y de una dictadura sangrienta que tanto daño le hizo a Venezuela y que obligó a cientos de miles de ciudadanos a salir de su país por temor a la muerte por disidencia política”.

“No formé parte de ninguna dictadura ni las reivindico: ni las que sucedieron en Argentina a lo largo de la historia, ni las de Venezuela, ni las de Cuba, ni las de Rusia, ni las de China, ni las de Nicaragua, ni las de Corea del Norte, ni las que se dan en Medio Oriente o en cualquier otra parte del mundo. Yo defiendo la democracia”.

“Pero como mi democracia es republicana, me gusta hablar de ‘verdad, memoria y justicia con la historia completa’”.

“Nunca me voy a adaptar a un relato parcial de la defensa de los derechos humanos. Tenía el mismo derecho a la vida alguien que fue asesinado por un gobierno de facto que quien murió por una organización terrorista, que en nuestro país no solo actuaron durante la dictadura sino también en gobiernos democráticos, ya que operaban desde 1969 y su último acto terrorista culminó en el intento de copamiento del Regimiento de Infantería Mecanizado número 3 de La Tablada el 23/1/1989 por parte del ‘Movimiento Todos por la Patria’, que lideraba el ex integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo Enrique Gorriarán Merlo”.

Avanzó luego con una pregunta directa: ¿Qué reivindican los argentinos que omiten hablar de la historia completa? ¿No consideran que existieron “los otros muertos”, las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70?, como se titula el libro de nuestra vicepresidenta Victoria Villarruel.

El concejal Aguilera considera que se encuentra en medio de una escandalosa persecución política, por el simple hecho de representar al villarruelismo en Morón, por priorizar el orden, la seguridad y una visión abarcativa de los derechos humanos de todos los argentinos.

“Quien solo habla de los crímenes cometidos por la dictadura se está apropiando y silenciando una parte de la historia en la que murieron muchos argentinos inocentes que, en muchos casos, no estaban vinculados ni a las Fuerzas Armadas ni a la policía”.

El escándalo estalló cuando el concejal Aguilera comenzó a hablar de una entrevista concedida por Raúl Alfonsín a la televisión española, en la que el ex mandatario no reconocía el número de 30.000 desaparecidos por la dictadura y criticaba el accionar de las Madres de Plaza de Mayo que lo difamaron por el mundo: “Yo respeto enormemente el dolor por lo que ha sucedido con sus hijos, pero en definitiva estaban reivindicando una actitud violenta de los hijos, porque en la Argentina era necesario luchar contra la subversión terrorista”. ¿Le hicieron juicio político a Alfonsín por estas declaraciones? ¿Era Alfonsín un negacionista tal como la tildan a la vicepresidenta de la Nación y quizás a mí?

En ese momento Aguilera redobló la apuesta y, pese a los gritos e interrupciones del oficialismo (en cuyo zoológico se encuentran peronistas de la vieja guardia, peronistas de centro, socialistas, comunistas y kirchneristas), lanzó una pregunta que todos esquivan y que nadie del oficialismo responde: ¿A quién reivindican los que dicen ser peronistas? ¿A José Ignacio Rucci, dirigente sindical de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y secretario general de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) entre 1970 y 1973, que lideró la fundación de las 62 Organizaciones Peronistas en 1957 y fue asesinado el 23 de septiembre de 1973 de 23 balazos cuando salía de su casa en Flores, al que Perón lloró diciendo “me mataron a un hijo”? ¿O reivindican a Montoneros, que se atribuyó el crimen?

Los derechos humanos de las víctimas de los grupos guerrilleros son desconocidos por el oficialismo en Morón, según expresó el concejal, quienes, afirmó, fingen demencia y no lo ocultan.

La institucionalidad se encuentra desmoronada en un municipio que ya no respeta la democracia. Intentar destituir a un concejal por expresar sus opiniones o pertenecer a una corriente que lucha por la verdad, la memoria y la justicia con la historia completa parece ser un asunto no negociable.

Pero si avanzan con este escándalo destituyente, no harán más que dejar al descubierto, según advirtió, la faceta autoritaria, antidemocrática y oscura de los políticos de la casta socialista que gobiernan Morón. No aceptar disidencias políticas es ir contra el Estado de Derecho, el sistema de partidos y la voluntad popular que puso al concejal Aguilera en su cargo para representar la voz del villarruelismo.

Estas prácticas persecutorias no tienen lugar en una Argentina que busca salir de sus crisis, superar las grietas y restablecer la unión nacional en paz y democracia, donde la visión de los derechos humanos no sea parcial sino que abarque a todos los argentinos, cualquiera sea su ideología o bandera política. En definitiva, la única bandera por la que juramos con gloria morir es la celeste y blanca.