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Militantes cobran salarios millonarios

El "impuestazo" de Hurlingham para pagar sueldos de La Cámpora

Los recibos de sueldo de diciembre de militantes en PAMI evidencian la brecha entre la élite política y los trabajadores.
Los recibos de sueldo de diciembre de militantes en PAMI evidencian la brecha entre la élite política y los trabajadores.
Mientras los vecinos sufren ajustes, La Cámpora disfruta salarios millonarios.
Mientras los vecinos sufren ajustes, La Cámpora disfruta salarios millonarios.

En medio de una coyuntura económica difícil amenazada por la creciente inflación, la gestión del intendente y dirigente de La Cámpora, Damián Selci, en Hurlingham levantó serias alarmas. La reciente revelación de los sueldos exorbitantes que recibían los militantes de la agrupación en PAMI, que fueron despedidos por “ñoquis” y ahora trabajan en el municipio, es una bofetada a la equidad, mientras que los jubilados y trabajadores comunes apenas alcanzan a sobrevivir con ingresos mínimos.


La medida de despedir a militantes de La Cámpora, eliminando el 24% de cargos jerárquicos ocupados por gente de Máximo Kirchner, líder del movimiento, podría considerarse un paso en la dirección correcta. Sin embargo, esto revela la penetración del nepotismo y el clientelismo político en las instituciones, donde se priorizan los intereses partidarios y los militantes son reacomodados en otros sectores del Estado para seguir cobrando salarios millonarios.


Entre los nombres de los beneficiados por esta red de favores se encuentran Patricia Danna, abogada de dirigentes de La Cámpora en Hurlingham, y María Eugenia Methol, jefa de la Agencia Hurlingham de la Unidad de Gestión, cobrando salarios desproporcionados y “acomodadas” por Selci.


Los recibos de sueldo de estos privilegiados en el PAMI revelaron la disparidad obscena. Mientras los militantes (como se muestra en esta nota) cobraban cifras cercanas al $1.000.000 mensuales bajo el pretexto de labores administrativas, los jubilados y trabajadores comunes apenas alcanzan a sobrevivir con una jubilación mínima de $105.000 y un salario mínimo que ronda los $150.000, ingresos que apenas llegan a cubrir sus necesidades básicas.


Lo que resulta aún más indignante es la respuesta de la administración municipal al contratar ahora a esos militantes despedidos .En lugar de buscar soluciones sensatas y equitativas, se optó por trasladar la carga financiera a los hombros de los vecinos mediante un drástico "impuestazo" con aumentos de hasta el 1000% en impuestos, una medida que parece estar más preocupada por proteger los intereses de sus militantes que los de la comunidad de Hurlingham.


La falta de transparencia y explicaciones claras por parte de las autoridades municipales solo agrava la situación. ¿Por qué los fondos municipales están siendo desviados para sufragar sueldos millonarios de militantes en lugar de invertirse en servicios esenciales para los vecinos? Esta falta de rendición de cuentas y responsabilidad solo alimenta la desconfianza y la indignación de los vecinos, quienes merecen una gestión que priorice el bienestar colectivo por encima de intereses partidarios mezquinos.

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