Una nueva polémica se instaló en torno a funcionarios y legisladores vinculados al gobierno de Javier Milei, luego de que se difundieran datos sobre créditos millonarios otorgados por el Banco Nación. La información, basada en registros oficiales del sistema financiero, derivó en pedidos de informes en el Congreso para analizar las condiciones en las que se concedieron esos préstamos.
El relevamiento expone a varios nombres del oficialismo con deudas significativas. Entre ellos figuran Felipe Núñez, con unos 373 millones de pesos; Federico Furiase, con 367 millones; y Pedro Inchauspe, con más de 510 millones. También aparecen otros funcionarios y legisladores como Juan Pablo Carreira, Emiliano Mongilardi y los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, con montos que rondan entre los 230 y 279 millones.
CRÉDITOS A FUNCIONARIOS: QUEREMOS SABER!
— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) April 1, 2026
La difusión de créditos otorgados a diversos funcionarios nacionales por hasta $400 millones generan más dudas que certezas.
Por ello impulsamos una batería de medidas al respecto incluyendo pedidos de informe y de acceso a la… pic.twitter.com/dstkAhKUMq
El dato que potenció el debate fue la circulación de fragmentos de un streaming oficialista donde varios de estos dirigentes analizaban el contexto económico meses atrás. En ese espacio, Furiase planteaba que el escenario favorecía la suba del mercado inmobiliario, mientras que Núñez afirmaba: “Si creés que a la Argentina le va a ir bien, te conviene sacar un crédito”.
Estas declaraciones volvieron a tomar fuerza tras conocerse los préstamos, lo que alimentó cuestionamientos políticos sobre posibles contradicciones entre el discurso público y las decisiones financieras personales de los involucrados.
En medio de la controversia, el Banco Nación defendió su operatoria y aseguró que los créditos se otorgan bajo criterios homogéneos, digitales y sin excepciones. Además, remarcó que su fuerte presencia en el sistema responde a la administración de cuentas sueldo del sector público y a líneas específicas que facilitan el acceso al financiamiento.