El empresario Leandro Camani se presentó de manera espontánea ante la Justicia bonaerense para rechazar de forma categórica cualquier vinculación con una supuesta maniobra de extorsión relacionada con el negocio de las fotomultas, luego de haber sido mencionado en una denuncia presentada por Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).

La causa tramita en la UFI 3 de San Isidro bajo la carátula "Yofe, Matías y otros s/ extorsión", y tiene como eje una presunta presión para habilitar la instalación de dispositivos de control de tránsito en el Camino del Buen Ayre.

En un extenso escrito judicial, Camani negó haber mantenido cualquier tipo de relación personal, institucional, económica o comunicacional con Tapia, ya sea de manera directa o a través de intermediarios. Afirmó que su nombre aparece únicamente por dichos de terceros, sin imputación formal ni atribución concreta de conducta alguna, y sostuvo que la denuncia en su contra carece de sustento fáctico y probatorio.

Según explicó, el CEAMSE no tiene competencia legal para autorizar la instalación de equipos de fotomultas, facultad que corresponde a los municipios y al Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, conforme la Ley Provincial de Tránsito 13.927, por lo que consideró "absurdo" cualquier supuesto pedido dirigido a Tapia en ese sentido.

Camani también contextualizó su vínculo con Matías Yofe, uno de los denunciados en la causa, señalando que se limita exclusivamente a coincidencias institucionales en denuncias previas por presuntos hechos de corrupción en el ámbito del Ministerio de Transporte bonaerense, en las que intervino como representante de la empresa SECUTRANS SA.

Aclaró que nunca financió ni coordinó acciones con Yofe, ni impulsó operaciones mediáticas, y que todas sus presentaciones judiciales fueron realizadas en nombre propio, con patrocinio letrado y por las vías formales correspondientes. En ese marco, ofreció como prueba la documentación administrativa que acredita que la autorización de equipos en el Camino del Buen Ayre ya había sido otorgada por el Ministerio de Transporte antes de los hechos denunciados.

Finalmente, el empresario solicitó que Tapia sea citado de manera urgente para precisar fechas, lugares, intermediarios y medios de contacto de los supuestos hechos denunciados, y puso a disposición sus dispositivos electrónicos para demostrar la inexistencia de comunicaciones.

Además, pidió la producción de pruebas documentales, testimoniales y un eventual careo judicial, con el objetivo de esclarecer los hechos y descartar cualquier hipótesis de extorsión. Según remarcó, su presentación tiene carácter voluntario y busca preservar su nombre y colaborar con la Justicia, al tiempo que dejó expresa reserva de acciones legales frente a afirmaciones que considere falsas o injuriantes.