Cuando Juan Bautista Mahiques asumió el Ministerio de Justicia, el proyecto de reforma penal cambió de eje. No fue un ajuste técnico: fue una redefinición política de prioridades. El resultado es una ley que endurece penas para robos, hurtos y delitos cotidianos, aquellos que generan mayor impacto mediático y temor social, pero deja intacto el corazón del problema: los delitos de corrupción.

Lo que se presenta como "mano dura" es, en realidad, una selección quirúrgica de a quién castigar y a quién no. Mientras tanto, se comenta en los pasillos que el Ejecutivo decidió avanzar con más castigo para los delitos comunes, mientras evita cuidadosamente modificar las sanciones vinculadas a la corrupción. Un contraste difícil de justificar en un país donde este tipo de delitos atraviesa al propio Estado.

El umbral del lavado

El punto más conflictivo es la nueva condición objetiva de punibilidad del lavado de dinero. La ley de 2024 estableció un piso de 150 salarios mínimos, unos 52 millones de pesos, para perseguir el delito. Por debajo de esa cifra, los casos quedan exentos de investigación.

Ahora, el Gobierno analiza elevar ese umbral a 5 mil millones de pesos. La medida, si se aprueba, paraliza importantes casos en trámite. Según afirmaron fuentes, también desaparecería o se debilitaría el castigo para los delitos contra el medio ambiente.

Desde la gestión de Mariano Cúneo Libarona en Justicia, el Ejecutivo ya había planeado quitar del proyecto la imprescriptibilidad para delitos de corrupción: lo anunciaron en medios para la tribuna, pero lo eliminaron del borrador. Fuentes cercanas al expediente indican que la decisión podría estar vinculada al impacto que podrían tener causas como LIBRA o ANDIS.

"Es una reforma pensada más para la tribuna que para resolver problemas estructurales", analizó una fuente consultada. "Se endurecen penas donde el impacto mediático es inmediato, pero se evita avanzar donde el costo político sería real".

Nepotismo en el círculo de confianza

El rediseño de la reforma coincidió con otro hecho que generó ruido en el ámbito judicial: la designación de Esteban Mahiques, hermano del ministro, como titular de la Unidad de Asesores del Ministerio. El movimiento expuesto despertó cuestionamientos por nepotismo dentro de la estructura del área.

La Unidad de Asesores es una de las áreas más sensibles de la cartera: interviene en el diseño, análisis y coordinación de políticas públicas y asiste directamente al ministro en la toma de decisiones. La decisión constituye un nuevo ejemplo de concentración de poder en el círculo de confianza del funcionario.

El nombramiento reavivó las críticas por los vínculos familiares del entorno de Mahiques con el sistema judicial. Su familia ha tenido históricamente participación y presencia en distintos espacios del ámbito judicial, lo que alimenta cuestionamientos sobre la acumulación de influencia en un mismo núcleo.

Anteriormente, su padre, Carlos Mahiques, debió renunciar a la causa por corrupción en la AFA tras descubrirse sus fuertes vínculos extrajudiciales con los imputados, a quienes intentaba proteger.

El eslabón más débil

La lógica de la reforma no es nueva. Es la misma que se repite en cada administración: castigar al eslabón más débil mientras se preserva el circuito de poder. Los delitos comunes generan temor social y exigen respuestas inmediatas. Los delitos de corrupción, en cambio, implican costos políticos reales.

El cambio de rumbo bajo la gestión de Mahiques no fue casual ni técnico. Fue una decisión política con nombre y apellido. Y, en esa selección, la corrupción quedó afuera.